El Colegio de Profesores presentó en la Comisión de Educación del Senado un Proyecto de Ley de Educación Pública. Así, Chile tiene por fin la alternativa de educación que sus niños y niñas necesitan. Por Danae Prado C.
En la Asamblea Nacional extraordinaria del Colegio de Profesores, realizada el 27 de Junio, se aprobaron dos importantes documentos que delineaban la posición del magisterio frente al Proyecto de Ley General de la Educación(LGE): la Propuesta y el Decálogo de Educación Pública.
El magisterio al conocer el Proyecto de LGE tras el Acuerdo Concertación- Alianza- Gobierno, de inmediato lo rechazó, por considerar que no representaba a las mayorías, omitiendo puntos fundamentales para que la LGE significara un cambio real desde la LOCE.
La mantención en la LGE del lucro en la educación, del carácter del Estado como subsidiario y no garante de esta, de la municipalización como sistema, de la selección de estudiantes y la ausencia de una carrera profesional docente son principalmente estos puntos.
“Hay dos definiciones claves: la educación como un derecho y la libertad de enseñanza. Cuando hablamos de la educación como un derecho decimos que el Estado debe ser garante del derecho a la educación, con misiones claras, y además que para cumplir con esa función debe haber una administración directa del Estado, terminando con la municipalización” explicó Jaime Gajardo, Presidente del Colegio de Profesores de Chile.
Asimismo, agregó que “la administración privada se puede hacer cooperando con las funciones educativas del Estado y sin fines de lucro. Lo fundamental es la defensa de la educación pública, aspectos que no están en el actual Proyecto de LGE”.
En el primer punto del Decálogo de la Educación se establece que: “La constitución debe garantizar y proteger el Derecho a la Educación, entendido éste como un bien social público, laico, de alto nivel tecnológico, con contenidos teóricos e infraestructura de calidad”.
Asegurar el Derecho a la Educación en todos sus niveles, una administración regional de la Educación, un Mineduc directivo y regulador, Educación Pública gratuita y financiada por el Estado, un Sistema Nacional de Formación Docente y una infraestructura acorde a las necesidades de la Educación Pública son algunos de los otros puntos necesarios para la construcción de la institucionalidad educativa que Chile necesita.
Reforma Constitucional
Junto con el proyecto de Ley Alternativo se presentó una reforma constitucional necesaria para que la legislación sea posible.
En su argumentación se explica que “la Constitución Política de 1980 consolida el proceso de des - estructuración y ruptura de las relaciones económicas y sociales que inspiraron al Estado chileno surgido a mediados del siglo 20.”
“La recuperación de la democracia (…) no trajo como consecuencia cambios sustanciales a dicho orden económico y social, al contrario, las rectificaciones que en esta materia se han introducido han profundizado las contradicciones entre dicho orden y una democracia plena” recuerda el Proyecto de Reforma Constitucional.
Finalmente se explica: “el Derecho a la Educación y la Libertad de Enseñanza, tal como hoy se encuentran consagrados en la actual Constitución Política, son enclaves autoritarios, que dicen relación a la esencia del modelo”.
Por esto, “mientras no exista una reforma constitucional que modifique sustancialmente el artículo 19, números 10 y 11, de la Carta Fundamental, relativos al derecho a la educación y a la libertad de enseñanza respectivamente, el rol subsidiario del estado seguirá sustentando el andamiaje institucional que se inspira en dicho principio”.
Esta reforma permitiría en primer lugar cambiar el concepto y la caracterización de la Educación Pública y la desmunicipalización, instala restricciones a la libertad de Enseñanza y pondría fin al lucro con dineros del Estado.
La nueva institucionalidad educativa
Más de 100 mil firmas entregó la Directiva Nacional del Colegio de Profesores en La Moneda, haciendo patente el grito que miles a lo largo del país expresaron con fuerza a través de tomas, marchas, movilizaciones, foros, seminarios y otras formas de movilizarse.
La crisis del sistema de educación actual, evidenciada por los estudiantes secundarios el 2006 y ampliada este año por otros actores, requiere de soluciones de fondo para ser resuelta y no sólo parches a una LOCE antidemocrática.
Uno de los elementos principales que la Ley Alternativa de Educación Pública levanta tiene que ver con el fin del rol subsidiario del Estado en Educación, que se ha manifestado en una excesiva descentralización y desvinculación del Gobierno de turno de la administración de la educación “pública”, entregando esta responsabilidad a los municipios sin el financiamiento suficiente.
De esto se desprende la definición correcta del concepto de Educación Pública, que en el Proyecto de LGE aprobado en la Cámara de Diputados y actualmente discutido en el Senado, está casi omitido.
Así, una correcta definición de Educación Pública en beneficio del desarrollo del país, debiera establecer el deber del Estado de proveer un sistema de su propiedad y su obligación de garantizar el Derecho a la Educación, teniendo la educación pública un trato preferente, sin perjuicio de que existan otros subsistemas.
En esta nueva definición el rol del Ministerio de Educación debe cambiar, trasformándose en una instancia directiva, normativa, reguladora, supervisora y fiscalizadora del sistema educativo.
Además, establece ciertos requisitos básicos que permitirían otro elemento fundamental: la calidad de la educación pública.
De esta manera, se establece que la educación en el sistema público debe ser gratuita, financiada por el Estado de manera preferente y descentralizada, a través de presupuestos regionales que permitan el financiamiento suficiente de los establecimientos.
Todos los elementos señalados responden a la demanda de educación pública de calidad levantada por años por estudiantes, maestros, padres y apoderados, que hoy se ven sintetizados en un Proyecto de Ley claro y concreto. La definición final está en manos de los parlamentarios, pero será la movilización y la exigencia ciudadana las que harán escuchar la voz de las mayorías.
El segundo tiempo de la lucha por la educación pública y en contra de la LGE ha comenzado y seguirá durante los meses de agosto y septiembre con diversas actividades en las que el debate, al difusión y el perfeccionamiento del proyecto alternativo estarán en el centro de la movilización, dejando claro que profesores, estudiantes y padres no dejarán de lado la lucha histórica que asumieron, la lucha por educación de calidad para todos y todas, la lucha por la educación que Chile y sus niños necesitan.
Por Danae Prado C.
En la Asamblea Nacional extraordinaria del Colegio de Profesores, realizada el 27 de Junio, se aprobaron dos importantes documentos que delineaban la posición del magisterio frente al Proyecto de Ley General de la Educación(LGE): la Propuesta y el Decálogo de Educación Pública.
El magisterio al conocer el Proyecto de LGE tras el Acuerdo Concertación- Alianza- Gobierno, de inmediato lo rechazó, por considerar que no representaba a las mayorías, omitiendo puntos fundamentales para que la LGE significara un cambio real desde la LOCE.
La mantención en la LGE del lucro en la educación, del carácter del Estado como subsidiario y no garante de esta, de la municipalización como sistema, de la selección de estudiantes y la ausencia de una carrera profesional docente son principalmente estos puntos.
“Hay dos definiciones claves: la educación como un derecho y la libertad de enseñanza. Cuando hablamos de la educación como un derecho decimos que el Estado debe ser garante del derecho a la educación, con misiones claras, y además que para cumplir con esa función debe haber una administración directa del Estado, terminando con la municipalización” explicó Jaime Gajardo, Presidente del Colegio de Profesores de Chile.
Asimismo, agregó que “la administración privada se puede hacer cooperando con las funciones educativas del Estado y sin fines de lucro. Lo fundamental es la defensa de la educación pública, aspectos que no están en el actual Proyecto de LGE”.
En el primer punto del Decálogo de la Educación se establece que: “La constitución debe garantizar y proteger el Derecho a la Educación, entendido éste como un bien social público, laico, de alto nivel tecnológico, con contenidos teóricos e infraestructura de calidad”.
Asegurar el Derecho a la Educación en todos sus niveles, una administración regional de la Educación, un Mineduc directivo y regulador, Educación Pública gratuita y financiada por el Estado, un Sistema Nacional de Formación Docente y una infraestructura acorde a las necesidades de la Educación Pública son algunos de los otros puntos necesarios para la construcción de la institucionalidad educativa que Chile necesita.
Reforma Constitucional
Junto con el proyecto de Ley Alternativo se presentó una reforma constitucional necesaria para que la legislación sea posible.
En su argumentación se explica que “la Constitución Política de 1980 consolida el proceso de des - estructuración y ruptura de las relaciones económicas y sociales que inspiraron al Estado chileno surgido a mediados del siglo 20.”
“La recuperación de la democracia (…) no trajo como consecuencia cambios sustanciales a dicho orden económico y social, al contrario, las rectificaciones que en esta materia se han introducido han profundizado las contradicciones entre dicho orden y una democracia plena” recuerda el Proyecto de Reforma Constitucional.
Finalmente se explica: “el Derecho a la Educación y la Libertad de Enseñanza, tal como hoy se encuentran consagrados en la actual Constitución Política, son enclaves autoritarios, que dicen relación a la esencia del modelo”.
Por esto, “mientras no exista una reforma constitucional que modifique sustancialmente el artículo 19, números 10 y 11, de la Carta Fundamental, relativos al derecho a la educación y a la libertad de enseñanza respectivamente, el rol subsidiario del estado seguirá sustentando el andamiaje institucional que se inspira en dicho principio”.
Esta reforma permitiría en primer lugar cambiar el concepto y la caracterización de la Educación Pública y la desmunicipalización, instala restricciones a la libertad de Enseñanza y pondría fin al lucro con dineros del Estado.
La nueva institucionalidad educativa
Más de 100 mil firmas entregó la Directiva Nacional del Colegio de Profesores en La Moneda, haciendo patente el grito que miles a lo largo del país expresaron con fuerza a través de tomas, marchas, movilizaciones, foros, seminarios y otras formas de movilizarse.
La crisis del sistema de educación actual, evidenciada por los estudiantes secundarios el 2006 y ampliada este año por otros actores, requiere de soluciones de fondo para ser resuelta y no sólo parches a una LOCE antidemocrática.
Uno de los elementos principales que la Ley Alternativa de Educación Pública levanta tiene que ver con el fin del rol subsidiario del Estado en Educación, que se ha manifestado en una excesiva descentralización y desvinculación del Gobierno de turno de la administración de la educación “pública”, entregando esta responsabilidad a los municipios sin el financiamiento suficiente.
De esto se desprende la definición correcta del concepto de Educación Pública, que en el Proyecto de LGE aprobado en la Cámara de Diputados y actualmente discutido en el Senado, está casi omitido.
Así, una correcta definición de Educación Pública en beneficio del desarrollo del país, debiera establecer el deber del Estado de proveer un sistema de su propiedad y su obligación de garantizar el Derecho a la Educación, teniendo la educación pública un trato preferente, sin perjuicio de que existan otros subsistemas.
En esta nueva definición el rol del Ministerio de Educación debe cambiar, trasformándose en una instancia directiva, normativa, reguladora, supervisora y fiscalizadora del sistema educativo.
Además, establece ciertos requisitos básicos que permitirían otro elemento fundamental: la calidad de la educación pública.
De esta manera, se establece que la educación en el sistema público debe ser gratuita, financiada por el Estado de manera preferente y descentralizada, a través de presupuestos regionales que permitan el financiamiento suficiente de los establecimientos.
Todos los elementos señalados responden a la demanda de educación pública de calidad levantada por años por estudiantes, maestros, padres y apoderados, que hoy se ven sintetizados en un Proyecto de Ley claro y concreto. La definición final está en manos de los parlamentarios, pero será la movilización y la exigencia ciudadana las que harán escuchar la voz de las mayorías.
El segundo tiempo de la lucha por la educación pública y en contra de la LGE ha comenzado y seguirá durante los meses de agosto y septiembre con diversas actividades en las que el debate, al difusión y el perfeccionamiento del proyecto alternativo estarán en el centro de la movilización, dejando claro que profesores, estudiantes y padres no dejarán de lado la lucha histórica que asumieron, la lucha por educación de calidad para todos y todas, la lucha por la educación que Chile y sus niños necesitan.
Por Danae Prado C.
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