Una delegación del Partido Comunista, encabezada por su presidente, Guillermo Teillier e integrada por el secretario general de la Juventud Comunista, Oscar Aroca y el experto en educación, Guillermo Scherping se entrevistó con la ministra del ramo, Mónica Jiménez de la Jara para entregarle una carta y conversar sobre el proyecto de ley general de educación actualmente en el Parlamento.
A la salida del encuentro, Guillermo Teillier explicó que vió cierta disposición del Gobierno a debatir el tema antes de derogar la ley, cuya iniciativa original fue pactada entre la Concertación y la derecha sin considerar las propuestas del Consejo Asesor Presidencial de Educación ni las demandas de estudiantes, profesores, académicos y funcionarios.
El siguiente es el texto de la carta entregada a la secretaria de Estado:
El siguiente es el texto de la carta entregada a la secretaria de Estado:
Señora
Mónica Jiménez De la Jara
Ministra de Educación
PRESENTE
Estimada Sra. Ministra:
Mónica Jiménez De la Jara
Ministra de Educación
PRESENTE
Estimada Sra. Ministra:
Hemos considerado necesario darle a conocer directamente nuestro parecer con relación al proyecto de Ley General de la Educación y a las expresiones activas de rechazo que dicha iniciativa ha generado entre estudiantes, maestros, apoderados, organizaciones de funcionarios públicos y otros sectores .
Es del todo injustificable que se pretenda dar por cerrada la discusión sobre un proyecto que debiera establecer las regulaciones más importantes en educación, a partir de lo que fue el acuerdo entre la Alianza por Chile y el Gobierno ý cuyo contenido termina por desestimar las esperanzas que movilizaron a los estudiantes secundarios el año 2006 y, además, las propuestas más importantes que contuviera el primer informe del ex Comité Asesor Presidencial para abordar cambios en el sistema educacional.
Este proyecto es una clara demostración de los extremos a que puede llegar el binominalismo que predomina en la vida política de la Nación, no sólo por prescindir de las proposiciones emanadas del mundo social, sino que también, por pretender imponer regulaciones que profundizan aun más las causas de la crisis del actual sistema educacional, tales como: omitir explícitamente la responsabilidad del Estado con las escuelas públicas; mantener la selección de alumnos desde sexto básico; desestimar el papel del magisterio nacional, verdadero patrimonio cultural del país, permitiendo el ejercicio de la docencia a quienes carecen de formación pedagógica, legalizar el lucro en educación, eliminar la participación de la comunidad educativa del Consejo Nacional de Educación y delegar las facultades del Ministerio de Educación a agencias privadas.
En resumen, la LGE entrega la educación a las leyes del mercado y debilita el rol del Estado desestimando su obligación de garantizar el Derecho a la Educación. Los chilenos hemos podido constatar que la libertad de empresa en la educación no ha significado mejoría alguna, sino por el contrario, ha significado un claro retroceso que ha producido malos resultados académicos.
En la historia del país, han sido muy escasas las ocasiones en que se ha discutido la implementación de profundas reformas educacionales y, sinceramente, esperamos que no sea está una posibilidad frustrada por dogmatismos ideológicos que buscan, de cualquier modo, readecuar el actual sistema educativo al objetivo de hacer de éste un simple medio de reproducción social y cultural del modelo neoliberal.
La causa de la crisis educacional que sacude al país y que denuncian los paros, ocupaciones de establecimientos y otras formas de movilización pacíficas, reside principalmente en la aplicación durante tres décadas de reformas de mercado, inspiradas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que destruyeron un sistema educacional que fuera señero en América Latina, menospreciando el carácter de derecho humano fundamental que posee la educación y las necesidades urgentes que reclama la catástrofe social que ha significado el neoliberalismo con su carga de discriminación y exclusión en amplias capas de nuestra población. En ese sentido, el proceso de municipalización de la educación ha sido contribuyente al deterioro de la educación pública en nuestro país.
En lo esencial, una reforma profunda a la denominada LOCE, debe establecer la responsabilidad del Estado de asegurar el derecho a una Educación Pública gratuita y de calidad, ya que es un deber preferente de éste velar por el desarrollo y la expansión de la educación de propiedad pública, en los marcos de un sistema mixto nacional.
De otra parte, dicha obligación preferencial da lugar a un trato diferenciado respecto de la educación privada subvencionada, puesto que la educación de propiedad pública no puede discriminar, debe ser universal, laica, gratuita y poseer condiciones especiales para la buena enseñanza, con presencia en todo el territorio nacional y sus escuelas y liceos deben ser un factor de desarrollo social en su territorio, por esa razón, pensamos que el Estado, a través del Ministerio, debe contar con la expresa facultad de planificar la expansión del sistema educativo, tanto de propiedad pública como privada con financiamiento público.
Por las razones expuestas, solicitamos a Ud. su más pronta intervención para retirar el actual proyecto de Ley General de la Educación y reestablecer las instancias de diálogo social y político sin exclusiones, que cree las condiciones para dar curso a una legislación educativa que sea el resultado de un gran acuerdo nacional, heredera legítima de los grandes precursores del desarrollo de la educación chilena en todos sus niveles.
Guillermo Teillier
Presidente Partido Comunista de Chile
Es del todo injustificable que se pretenda dar por cerrada la discusión sobre un proyecto que debiera establecer las regulaciones más importantes en educación, a partir de lo que fue el acuerdo entre la Alianza por Chile y el Gobierno ý cuyo contenido termina por desestimar las esperanzas que movilizaron a los estudiantes secundarios el año 2006 y, además, las propuestas más importantes que contuviera el primer informe del ex Comité Asesor Presidencial para abordar cambios en el sistema educacional.
Este proyecto es una clara demostración de los extremos a que puede llegar el binominalismo que predomina en la vida política de la Nación, no sólo por prescindir de las proposiciones emanadas del mundo social, sino que también, por pretender imponer regulaciones que profundizan aun más las causas de la crisis del actual sistema educacional, tales como: omitir explícitamente la responsabilidad del Estado con las escuelas públicas; mantener la selección de alumnos desde sexto básico; desestimar el papel del magisterio nacional, verdadero patrimonio cultural del país, permitiendo el ejercicio de la docencia a quienes carecen de formación pedagógica, legalizar el lucro en educación, eliminar la participación de la comunidad educativa del Consejo Nacional de Educación y delegar las facultades del Ministerio de Educación a agencias privadas.
En resumen, la LGE entrega la educación a las leyes del mercado y debilita el rol del Estado desestimando su obligación de garantizar el Derecho a la Educación. Los chilenos hemos podido constatar que la libertad de empresa en la educación no ha significado mejoría alguna, sino por el contrario, ha significado un claro retroceso que ha producido malos resultados académicos.
En la historia del país, han sido muy escasas las ocasiones en que se ha discutido la implementación de profundas reformas educacionales y, sinceramente, esperamos que no sea está una posibilidad frustrada por dogmatismos ideológicos que buscan, de cualquier modo, readecuar el actual sistema educativo al objetivo de hacer de éste un simple medio de reproducción social y cultural del modelo neoliberal.
La causa de la crisis educacional que sacude al país y que denuncian los paros, ocupaciones de establecimientos y otras formas de movilización pacíficas, reside principalmente en la aplicación durante tres décadas de reformas de mercado, inspiradas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que destruyeron un sistema educacional que fuera señero en América Latina, menospreciando el carácter de derecho humano fundamental que posee la educación y las necesidades urgentes que reclama la catástrofe social que ha significado el neoliberalismo con su carga de discriminación y exclusión en amplias capas de nuestra población. En ese sentido, el proceso de municipalización de la educación ha sido contribuyente al deterioro de la educación pública en nuestro país.
En lo esencial, una reforma profunda a la denominada LOCE, debe establecer la responsabilidad del Estado de asegurar el derecho a una Educación Pública gratuita y de calidad, ya que es un deber preferente de éste velar por el desarrollo y la expansión de la educación de propiedad pública, en los marcos de un sistema mixto nacional.
De otra parte, dicha obligación preferencial da lugar a un trato diferenciado respecto de la educación privada subvencionada, puesto que la educación de propiedad pública no puede discriminar, debe ser universal, laica, gratuita y poseer condiciones especiales para la buena enseñanza, con presencia en todo el territorio nacional y sus escuelas y liceos deben ser un factor de desarrollo social en su territorio, por esa razón, pensamos que el Estado, a través del Ministerio, debe contar con la expresa facultad de planificar la expansión del sistema educativo, tanto de propiedad pública como privada con financiamiento público.
Por las razones expuestas, solicitamos a Ud. su más pronta intervención para retirar el actual proyecto de Ley General de la Educación y reestablecer las instancias de diálogo social y político sin exclusiones, que cree las condiciones para dar curso a una legislación educativa que sea el resultado de un gran acuerdo nacional, heredera legítima de los grandes precursores del desarrollo de la educación chilena en todos sus niveles.
Guillermo Teillier
Presidente Partido Comunista de Chile
No hay comentarios:
Publicar un comentario